Acciones en clubs de fútbol, barcos
o colecciones de cuadros, coches o sellos se cuentan entre las inversiones más
curiosas que los diputados de esta XI Legislatura han incluido en sus
declaraciones de bienes, más allá de las tradicionales inversiones en bienes
inmobiliarios o financieros, que siguen siendo mayoritarias.
Así, hasta tres parlamentarios
tienen participaciones en sus clubs favoritos. Se trata de Isidro Martínez
Oblanca (Foro Asturias), que tiene ocho acciones en el Sporting de Gijón
valoradas en 300 euros; el expresidente del Congreso Jesús Posada (PP), que posee
una acción del Numancia por 577 euros; y el también 'popular' José María
Chiquillo, que pagó 55 euros por su participación en el Valencia C.F.
Por su parte, José María Barrios
(PP) se decanta por invertir sus ahorros en una colección de coches que posee a
medias con su pareja y que incluye una decena de vehículos. El resto de los
diputados declara uno, dos o hasta tres vehículos de uso habitual y alguna
motocicleta, aunque Jorge Luis Bail (Podemos) declara una bici urbana.
Otros tres parlamentarios, todos
ellos 'populares', tienen barco: el ministro en funciones José Manuel
García-Margallo, que tiene un Sealine F44 y la cesión de uso y disfrute de un
amarre en Burriana (Castellón); el canario Pablo Matos, que tiene la cuarta
parte de una embarcación de 10 metros de eslora; y Juan María Vázquez Rojas,
que posee un "barquito de recreo" de 5,5 metros que adquirió de
segunda mano.
Más difíciles de valorar resultan
otras colecciones incluidas en las declaraciones de bienes, que recoge Europa
Press. Carmelo Romero (PP) declara "ajuar doméstico" por 26.314 euros
aunque sin precisar qué contiene, mientras su compañero de filas Miguel Lorenzo
tiene cuadros de varios artistas por un valor "indeterminado". Por su
parte, la 'popular' Susana López Ares posee una colección de sellos de España,
Andorra y Guinea y otra de sobres 'Primer día' de España, ambas desde 1975,
cuyo valor no precisa.
Participaciones
en el casino y un hotel en Bogotá
Otras posesiones curiosas son los
15.000 euros de participaciones de Andrés Ayala (PP) en un club náutico, la
"cabaña rústica" de Ana Madrazo (PP) en Cantabria, la acción del
Casino de Tenerife de Pablo Matos (PP) o el hotel Fidis Bacatá en Bogotá
(Colombia) del que es copropietario Rubén Martínez Dalmau (Podemos).
Además, algunos son propietarios de
multitud de bienes inmobiliarios -de forma directa o a través de sociedades de
las que participan-, aunque destaca el 'popular' Arturo García-Tizón, con seis
viviendas en Chinchón, Madrid y Toledo; tres fincas rústicas en Chinchón y
Valdelaguna, diez plazas de garaje en Chinchón y Madrid, y otra en Toledo,
además de un balcón en Chinchón. Algunas de estas propiedades son herencias y
en muchos casos el diputado es copropietario al 50%.
Entre los bienes rurales reseñables
se incluyen los campos de arroz que el diputado de Compromís Joan Baldoví
heredó el año pasado, parte de un refugio en Huesca de Pedro Arrojo (Podemos),
o las tierras de secano que el 'popular' Miguel Barrachina heredó en un
municipio cercano a Segorbe (Castellón), donde era alcalde. Este diputado posee
además un tractor y se declara agricultor a tiempo parcial.
Mientras, el socialista Ramón Socias
reconoce tener 5,23 euros en acciones de Bankia, aunque está en "fase de
reclamación"; y Enric Bataller, de Compromís, admite una deuda de 6.500
euros en su tarjeta.
¿Qué ganan
de los partidos?
La declaración de bienes también
incluye los ingresos de 2014, aunque la falta de unas normas claras sobre cómo
cumplimentar este documento hace que no todos incluyan los mismos conceptos. De
hecho, los documentos de 18 diputados aún no están siquiera publicados.
Aunque los que fueron parlamentarios
la pasada legislatura pueden no declarar sus ingresos del Congreso o el Senado,
hay algunos que no precisan lo que recibieron de otras administraciones
públicas, y la mayoría no indica qué cobraron de su partido, aunque sí las
cuantías adicionales por sus cargos en la dirección del grupo parlamentario.
De hecho, sólo el jefe de Gabinete
de Presidencia, Jorge Moragas, incluye en su sueldo lo que cobra del
Ministerio, los trienios y del PP (113.130 euros), aunque sin desagregar por
procedencia; y el secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual,
incluye 24.730 euros de su nómina del partido. También el diputado morado Seguir
Guijarro declara 8.000 euros del partido que se suman a los 32.000 del
Ministerio de Exteriores de Ecuador.
La socialista Sonia Ferrer declara
que sus ingresos procedían de la Delegación de la Junta de Andalucía en
Almería, pero no precisa la cuantía; y el secretario de Estado de la Seguridad
Social, Tomás Burgos, tampoco indica su salario aunque sólo pagó de IRPF 172,52
euros. Mientras, diputados como Segundo González (Podemos) detalla incluso que
posee un portátil y un móvil valorados en 1.200 euros.
Ingresos por
actividades privadas
Por otra parte, muchos recibieron
autorización para compatibilizar su actividad de diputados con otras
actividades. Es el caso de José Vicente Marí Bosó (PP), que a los 38.400 euros
que percibió como consejero de Hacienda y diputado en Baleares sumó 19.000
euros por su trabajo en una auditoría y como abogado; o el de Félix Alonso
Cantorné (Podemos), que percibió 14.300 euros como alcalde de Altafulla y casi
40.000 euros más por su trabajo en el diario Sport.
Entre los que percibieron unos
ingresos más abultados de su ámbito privado destaca la 'popular' Carmen
Álvarez-Arenas, que ingresó 146.800 euros de rentas por una empresa familiar y
otros 10.570 euros por su pensión de viudedad. Eso sí, su declaración de IRPF
del ejercicio anterior ascendió a 85.100 euros, y además en 2015 adquirió una
deuda hipotecaria de 385.500 euros por la compra de un piso y dos plazas de
garaje.
Su compañero Juan María Vázquez Rojas incluye en su
documentación que es "coinventor de dos familias de patentes" de la
Universidad de Murcia, aunque no
precisa si
percibió ingresos por ello; mientras que Íñigo Alli (UPN) se acogió
voluntariamente a las bajas incentivadas de CaixaBank e ingresó 210.000 euros.
Además, es propietario de una consultora, aunque asegura haber renunciado a los
derechos económicos.
Jordi Xuclá (DL) declara 1.000 euros
por sus actividades empresariales, mientras que su jefe de filas, Francesc
Homs, recoge 103.000 euros de retribuciones dinerarias íntegras, aunque sin
precisar por qué conceptos, si bien durante 2014 fue consejero de Presidencia
de la Generalitat de Catalunya.
El socialista Francisco Hernández
Spínola obtuvo 536 euros por la venta de uva malasia, la entonces diputada de
UPyD Irene Lozano percibió 4.900 euros por artículos de prensa, y Rafael
Simancas destinó los 4.000 euros por clases universitarias a organizaciones sin
ánimo de lucro. Mientras que su compañero Pedro Muñoz González obtuvo permiso
para asesorar y defender a cargos públicos y militantes del PSOE de forma
altruista.
Junto a los ingresos por alquileres
de pisos que reconocen muchas de sus señorías, también destacan los 1.100 euros
que ingresó Melisa Rodríguez (Ciudadanos) por diseñar joyas. Mientras que
varios diputados sólo cobraron en 2014 el paro -es el caso del portavoz adjunto
de ERC, Gabriel Rufián; de la secretaria tercera de la Mesa, Patricia Reyes
(Ciudadanos); y de Ángela Ballester, de Podemos- o la pensión de jubilación
-como Dolors Terradas, de Podemos, o Ana María Surra, de ERC-.
Además, diputados como Ángela
Rodríguez (Podemos) o Marta Sorlí e Ignasi Candela (Compromís) no tuvieron
rentas, ingresos ni patrimonio, y algunos otros ni siquiera estuvieron
obligados a presentar la Declaración del IRPF por no llegar al mínimo. Por
contra, a los parlamentarios del PP Pilar Cortés (1.328 euros) y Rubén Moreno
(2.590 euros) les salió a devolver.
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