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El empresario cántabro Rufino Pereda se enfrenta este viernes al juicio oral en el que está acusado de fraude tecnológico por un valor de 6 millones de euros, delito por el que el Ministerio Fiscal le solicita la pena de seis años de cárcel.
Según han informado fuentes jurídicas, Pereda tendrá que responder ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid junto a otros socios acusados también por esta presunta estafa como Carmen Pineda --su mujer-- o Gonzalo Agüero. Pineda no acudirá a declarar por tener el parto programado para el jueves.
El juicio tendrá lugar después de que la vista oral del mismo prevista para este pasado lunes fuera aplazada tras aportar la defensa de Pereda nueva documentación que la Fiscalía y las acusaciones particulares deberán estudiar en este plazo de tiempo.
Tal y como se recoge en las calificaciones provisionales de la Fiscalía, el empresario cántabro junto a otros socios "con ánimo de enriquecerse ilícitamente" crearon un entramado societario al que llamaron Grupo Red Enlaza, del que Pereda era presidente. De esta red colgaban 17 filiales (una por cada comunidad autónoma).
Los acusados participaban en "numerosos eventos" con el objetivo de "captar ilícitamente" fondos de terceros, en los que aseguraban que el grupo de empresas iba a ser "el primer operador en explotar comercialmente en España la telefonía móvil de cuarta generación".
Además, los acusados aseguraban que fabricaban los teléfonos móviles en países como China o India, siendo la sociedad 'European Dealer os international MObility', integrada en el grupo, la encargada de su comercialización en el mercado europeo.
Del mismo modo, garantizaban "cuantiosos dividendos" por la compra de acciones o participaciones en las sociedades del Grupo Red Enlaza, "divulgándolo, para mayor credibilidad, mediante folletos informativos o informes de viabilidad económica".
OFICINAS EN ALCOBENDAS
Para dar una mayor consistencia a esta sociedad, alquilaron desde octubre de 2008 hasta marzo de 2010 dos oficinas en el edifico 'Bruselas' de la Avenida de Europa en Alcobendas, dejando sin pagar tres mensualidades al arrendador Grupo Gosa, que ejecutó el aval de la fianza.
Por otra parte, alquilaron aviones privados que ofrecían como propios a los posibles inversores para sus desplazamientos. Por estos vuelos no adeudados deben una cantidad superior a los 400.000 euros.
Así, entre enero de 2008 y febrero de 2010, los inversores "en la falsa creencia de que la actividad y proyectos empresariales de las sociedades eran reales, adquirieron participaciones o acciones mediante escritura pública de compraventa, de sociedades del grupo y de sociedades de responsabilidad limitada.
La nueva documentación aportada por la defensa del empresario cántabro trataría de demostrar que la actividad empresarial de Pereda comenzó en 2003 y no en el año 2009, tal y como mantiene el Ministerio Fiscal. También se aportarían facturas para dejar constancia de que los aviones alquilados fueron pagados.
También se acusa a Emilio Rodríguez Marrón, mano derecha de Pereda, para quien se piden también seis años y el director comercial Gonzalo Agüeros, que se enfrenta a una pena de cuatro años.
La Fiscalía solicita tres años de cárcel para Miguel Ángel Martín y Leticia Villalba, de quienes las acusaciones aseguran que ambos se encargaban de buscar inversores, tarea por la que recibían comisión.