El ayuntamiento de la capital se suma a otras administraciones y empresas, que ahorran adquiriendo electricidad por subasta
Las administraciones están aprovechando la ley que liberaliza el sector eléctrico para saltarse a los comercializadores y conseguir la luz más barata. Los Ayuntamientos de Avilés, Torrejón de Ardoz (Madrid), Canfranc (Huesca); la Universidad de A Coruña o el Consorcio de la Zona Franca de Vigo se han dado de alta ante el Ministerio de Industria como “grandes consumidores” y adquieren directamente en las subastas diarias toda o parte de la energía que consumen, con lo que consiguen ahorros mínimos del 7% y de hasta el 25%. Pronto los gobiernos municipales de Madrid, Zaragoza o Rivas Vaciamadrid harán lo mismo participando en el pool eléctrico, para lo que necesitarán tener una facturación centralizada y afinar al máximo su previsión de consumo.
Avilés lleva dos años comprando en la subasta eléctrica diaria (el pool) el 60% de la energía que alimenta sus farolas. Sin asesoría externa, el Ayuntamiento ha cumplido con todos los trámites para acreditarse ante el Ministerio de Industria como un “gran consumidor”, y poder operar en el mercado, igual que lo hacen dos centenares de empresas en España. Teniendo en cuenta la potencia instalada y con una previsión de los megavatios van a necesitar el día siguiente, los técnicos locales acceden a la subasta (hay una diaria y seis intradiarias) y compran la energía asumiendo que se pueden equivocar. Si eso sucede –y hay más o menos demanda de la prevista- pagan una penalización, pero por ahora los desvíos “no tienen incidencia apreciable en la factura”, según Ramón Fernández Cobas, ingeniero municipal que lleva la contratación. En dos años se han ahorrado, calcula, entre un 20% y un 25%, unos 250.000 euros en total. Tampoco se han equivocado más del 1% en la Universidad de A Coruña, institución que compra el 30% de lo que necesita en el mercado mayorista. El vicerrector de Economía, Domingo Calvo, calcula que, aún pagando a una empresa intermediaria para haga de “bróker” eléctrico por ellos, abonan un 15% menos. “Estamos pensando en ampliar la compra a casi todo lo que consumimos”, avanza Calvo.
Madrid, Zaragoza o Rivas Vaciamadrid siguen sus pasos. En la capital, los 1.350 puntos de suministro eléctrico que el Ayuntamiento tiene en sus edificios municipales consumen el equivalente a lo que gastan 52.260 hogares medios españoles: 170 GWh al año. El importe de la factura asciende a más de veinte millones de euros, y aprovechando que el contrato con el comercializador (Endesa) finaliza el próximo 30 de diciembre, el área de gobierno de Economía y Hacienda ya está trabajando en un proyecto piloto para convertirse en “bróker”.“Queremos dar la vuelta, como a un calcetín, al modelo de adquisición de energía: de ser meros compradores nos convertiremos en un agente más dentro del sector”, explica Begoña Fernández, directora de contratación. “Comenzaremos con un proyecto piloto, con los 5 o 10 puntos de suministro que tienen más estabilidad en el consumo e iremos incorporando paulatinamente el resto”.
Hacia el 2020, cuando caduque el contrato de alumbrado con la comercializadora (en el que se gastan otros 20 millones) también lo pasarán al pool. Lo llaman “proyecto de soberanía energética”, y en su caso calculan un recorte mínimo del 7% en la factura gracias a que tienen monitorizada la demanda que han registrado los últimos cuatro años en intervalos de 15 minutos. “Con esos datos y con la previsión de ocupación de un edificio, la climatología y otros factores, estimamos lo que vamos a necesitar cada hora del día siguiente”, explica Carlos González, ingeniero y jefe del servicio de contratación energética. Porque planificar es la clave para no verse sometidos a penalizaciones por parte del operador que gestiona la venta de energía (OMIE). “Además, tenemos que hacer una reordenación interna para tramitar las facturas de forma diaria, lo que nos obliga a cambiar nuestra forma de trabajar”, añade Fernández.
En la Zona Franca de Vigo no han tenido ningún problema para dar ese paso. “Tienes que saber cómo y cuándo entrar en el mercado. Nosotros decidimos hacerlo a través de una empresa especializada”, señala Santiago López Guerra, el secretario general. “No hemos tenido penalizaciones y el ahorro compensa de sobra. En 2016 rebajamos un 20% la factura. Este año, debido a los picos de precios que se dieron en enero, el ahorro ronda el 16%. No entiendo cómo otras instituciones no hacen lo mismo”, reflexiona.
El abogado especializado en el sector energético Pedro Corvinos tampoco lo entiende. “Es sorprendente que grandes consumidores, con la cantidad de dinero que pueden recortar, no lo hagan. Es verdad que hay un proceso de aprendizaje, pero ¿cuál es el riesgo? A la larga es mucho mejor el precio del mercado mayorista”, explica. En Zaragoza están en ello. “Nuestro objetivo político es avanzar en la soberanía energética del Ayuntamiento”, describe la concejala de Medio Ambiente de Zaragoza, Teresa Artigas. Un primer estudio estima que podrían dejar de pagar medio millón al año contando con lo que abonarán a un intermediario para que compre en el pool por ellos.
Las instituciones siguen los pasos de las empresas. En Calidad Pascual, su edificio de Manoteras (Madrid) se abastece directamente del mercado mayorista desde 2014. Poco a poco han ido incorporando fábricas (la última, que consume 12 Gw/h al año, el pasado mes de marzo). También utilizan un operador externo para acceder a las subastas: “Hay que prestar especial atención a la gestión de facturas, ya que semanalmente te llegan una factura por día de OMIE, una de compra y una de venta de MEFF (mercado oficial de opciones y futuros) quincenalmente, y mensualmente llega una de la distribuidora (ATR), así como otra de Red eléctrica y la del bróker. Hay que llevar un control de todas las facturas y hay que pagarlas a tiempo, ya que hay penalizaciones por demora”, advierte Juan Carlos López, responsable de Compras Industriales.
Las eléctricas se abstienen de comentar esta práctica. “No tenemos nada que decir al respecto”, responde Endesa. Corvinos recuerda que “nada impide que los municipios, y el resto de Administraciones públicas, puedan ser sujetos del mercado”.