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viernes, 18 de noviembre de 2016

Un juzgado abre la puerta a recuperar lo cobrado de más por la manipulación del Euríbor


Un juzgado de lo mercantil número 1 de Sevilla ha reconocido que la manipulación del Euríbor que llevaron a cabo determinadas entidades bancarias entre 2004 y 2012 afecta a particulares y abre la puerta a que pueden recuperar el dinero cobrado de más por esta circunstancia.
La sentencia, dada a conocer este jueves por el colectivo OpEuríbor, se centra en la demanda presentada por un particular contra Barclays Bank SAU, hoy integrado en Caixabank, por la que reclama la nulidad “por abusivas” de tres cláusulas contenidas en un contrato hipotecario.
Para argumentar su decisión, el tribunal se remonta a los inicios del Euríbor y explica que el 80% de las hipotecas españolas están referenciadas a él, que es la tasa de referencia de muchos productos financieros y, además, es el reflejo de la situación económica en cada momento.
También recoge el informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y del supervisor de los mercados europeos (ESMA, por sus siglas en inglés) de 2012 en el que se encuentran los principales indicios de una manipulación en las publicaciones suministradas por los bancos entre 2004 y 2012.
“Como consecuencia de todas estas prácticas, la Unión Europea ha impuesto sanciones a los responsables de que esto sucediera durante tantos años y Bruselas impuso la mayor sanción de su historia, una suma total de 1.712 millones de euros repartida entre los implicados”, recuerda la resolución jurídica.
MILLONES DE PRESTATARIOS AFECTADOS
El juzgado resalta que la manipulación del índice ha afectado “a millones de prestatarios” e insiste en que, al igual que en muchos países del mundo, “muchas familias y empresas han dejado de pagar sus préstamos hipotecarios ante la imposibilidad de hacer frente a las cuotas”.
Asimismo, recuerda que ante las posibles protestas de los afectados, los reguladores “echan la vista a un lado” alegando que esta manipulación no afecta a los usuarios y retoma las palabras del exresponsable de Competencia de la UE Joaquín Almunia en las que afirmaba que “el dictamen contra los bancos que participaron en el cártel no abre la vía para que los particulares reclamen daños y perjuicios por la manipulación del tipo de interés de su hipoteca, dado que no les afectó directamente”.
A este respecto, la sentencia añade que Almunia sabía que una posible reclamación “de la innumerable cantidad de afectados por la manipulación supondría una auténtica catástrofe para el sector bancario ante la imposibilidad de responder económicamente”.
Un planteamiento con el que no está de acuerdo el juzgado de lo mercantil que enjuicia el caso, puesto que da la opción al demandante de que, en ejecución de sentencia, determine “a qué periodo concreto de la vida de su préstamo con garantía hipotecaria afectó la manipulación del Euríbor y cuál fue el Euríbor que se le debió aplicar, con la finalidad de realizar los cálculos procedentes y que se le restituya, si procede, las cantidades abonadas de más”.
Al margen, anula dos cláusulas más del contrato al considerarlas abusivas, una referida a intereses moratorios y otra al vencimiento anticipado. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante instancias superiores.
OCU PIDE MÁS INFORMACIÓN
Tras conocerse la sentencia, la asociación de consumidores OCU ha reclamado a la Comisión Europea que facilite la información sobre el periodo de tiempo en el que tuvo lugar la manipulación de los índices de referencia y aclare los efectos que pudo tener “en los millones de contratos hipotecarios de los europeos” durante ese tiempo.
La asociación cree que la multa impuesta por la Comisión en 2013 a Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, RSBC, Crédit Agricole y Société Générale por la “alteración orquestada de los índices de referencia interbancarios de la zona euro” es “ejemplar”, aunque entiende que “no sirve para reparar a todos los consumidores afectados ni aclara el periodo de tiempo durante el cual sucedió esta manipulación”.
Por ello, insiste en reclamar a la Comisión Europea que explique cómo pudo afectar esta manipulación a los consumidores y exige poner los medios adecuados para que este tipo de acuerdos ni vuelvan a suceder.