Hace poco más de un mes que Nahuel, uno de los jóvenes de la Operación Ice, se encuentra preso en la cárcel de Aranjuez. La noticia presencial en algún medio de comunicación no transcendió, como era de suponer, a las grandes planas y tampoco se hizo notar en los medios locales, entre otras cosas, porque no eran conocedores del caso y por el poco interés de los informadores en general cuando algo deja de ser noticia. La Operación Ice se suma a otras operaciones del mismo calado proyectadas a castigar a un sector de la juventud en concreto que tiene cierta implicación contestataria en los movimientos sociales ante las desigualdades y la usura política bien conocidas en general. Esta operación se saldó el 5 de noviembre del 2015 con seis jóvenes detenidos, cinco de ellos actualmente en libertad con cargos, se les vincula a banda armada con lo que se les aplicó la ley antiterrorista.
Lo que no cabe duda, con hechos fácilmente contrastables, es que Nahuel se denomina anarquista y perteneciente a un entorno cultural del movimiento punk opuesto a las drogas, cercano al veganismo y de filosofía contestataria, conocido desde los años 80 como Straight Edge. También se puede constatar su participación en las más destacadas convocatorias de oposición al régimen y a las políticas de austeridad, como son el 25S “Rodea el Congreso” o el 22M “Marchas de la dignidad”, etc. Hasta el momento dista mucho de poder ser tratado de forma delictiva y menos aún como un terrorista. Podría ser que en esas convocatorias se manifestara con demasiada vehemencia y quizá actuara contra las fuerzas antidisturbios, sin embargo no se le juzga por eso, sino por terrorismo. Sin entrar a valorar la participación más o menos ejemplar para la opinión pública, lo preocupante es analizar la deriva que supone el uso desproporcional y unilateral de la autoridad para mantener un gobierno o unas políticas determinadas.
Aparentemente alguien ajeno a estas circunstancias podría mostrarse distante e incrédulo ante estos hechos, pero el que más o el que menos conoce el designio frenético del gobierno por acallar las protestas y ajusticiar a las personas disidentes. Por ende, debería preocuparse por lo que le afecta o puede afectarle en cuanto al ejercicio de sus libertades y derechos. En el periodo 2013-2016 entraron en vigor numerosas medidas parlamentarias controvertidas que entraron en discordancia no solo con buena parte de la sociedad, sino, con las instituciones internacionales garantes de los estados democráticos y la propia Constitución. La conocidaLey Mordaza, que aumentaba las condenas penales y las sanciones administrativas; la reforma del código penal, con nuevas definiciones de atentado y alteración del orden público; la Ley antiyihadista, que tocaba también la interpretación y aplicación ante nuevas facetas del terrorismo y otros aspectos legislativos menos sonados pero concernientes han puesto en entredicho el funcionamiento para lo que dicen haber sido diseñadas. Ni siquiera esto sería lo peor, porque lo más agravante es la interpretación por parte de los estamentos judiciales y políticos en cuanto a cómo aplicar dichas disposiciones. Siguiendo con el caso, si el informe de las brigadas de información (Ministerio del Interior) se cree a pies juntillas por las instancias judiciales y los medios de comunicación informan sin ningún filtro punto por punto el argumento policial, ¿dónde está entonces la separación de poderes? Así pasa, que determinados activistas y movimientos son ajusticiados por este mecanismo sin garantías o peor aún, cargando con un arbitraje premeditado que termina con la detención.
Paul, el padre de Nahuel, muestra preocupación a que su hijo esté dando bandazos entre presidios de todo el Estado en régimen de aislamiento (FIES) al tener aplicada la ley antiterrorista, y sobre todo, no da crédito de que pudieran condenarle hasta 30 años por un delito inconsistente. “A cada recurso que interponemos para pedir la excarcelación de Nahuel la Audiencia Nacional se lo echa para atrás por medidas de seguridad que no están justificadas”. En otro alarde de opacidad, la defensa legal ha manifestado dificultad en el proceso para defender a su representado “ha implicado una vulneración en el derecho a la defensa judicial, por no tener los abogados conocimiento de qué eran acusados”. Mientras existía el secreto de sumario las autoridades dieron a los medios de comunicación la versión oficial provocando una alarma social pretendida que actualmente no se mantiene por que no ocurrió nada significativo.
A día de hoy Nahuel lleva preso algo más de un año, pero la legislación española contempla hasta 4 años de prisión preventiva como medida cautelar. Es decir, podría continuar en fase de instrucción hasta la hora del juicio y si quedara finalmente en libertad, que es lo más probable, no va a suponer ningún agravio para la justicia española. No son pocos los juristas que critican la animadversión en estas medidas porque incurren en el mismo principio de inocencia puesto que pena al acusado con anterioridad a ser juzgado. Existen datos más que probados que determinan el abuso de esta medida cautelar, tanto en el número de presos como en la duración de la misma. Según los cargos que pesan sobre Nahuel, al menos a los que ha tenido acceso la defensa, se dan circunstancias rocambolescas suficientes para que el juez del caso ponga mesura a la desproporcionada acción de la fiscalía.
Vamos a ver, se les acusa de atentar en sucursales bancarias del mismo barrio de residencia y estos hechos no fueron siquiera hechos públicos por la prensa. Menuda mierda de terrorismo. Otra, se les acusa de la autoría de los artefactos incendiarios puestos en la catedral del Pilar en Zaragoza y en el cementerio de la Almudena en Madrid ¿pero cuantos terrorista van ya con estos casos? ¿Cada vez que detengan a alguien se le colgará el san Benito? Y la mejor y última cuestión, si son banda armada porque están fuera y él dentro. Tan peligrosos no serán. En consecuencia, ¿que impide su puesta en libertad hasta el juicio o que se le juzgue ya para acortar la agonía?
Hay que hacer prevalecer los derechos y libertades para evolucionar como sociedad. Acordémonos que en este país acumulamos más años de dictadura que de democracia, con todas y con esas, es una pírrica democracia influenciada por las malas artes. El hecho de que estos procedimientos puedan ser utilizados como arma política es un despropósito cuanto menos preocupante. No es de recibo que quien ostente la autoridad la emplee maniáticamente para implantar sus ambiciones usando el fácil comodín de la represión. En el movimiento libertario y en otros movimientos sociales que luchan por transformar la sociedad raro es no encontrarse con múltiples privados de libertad engrosando las prisiones preventivas y detenciones infundadas. Es tan fácil como cocinar estos tres ingredientes: acusarte de pertenecer a esta o aquella banda armada de moda, así poder aplicar la ley antiterrorista, un titular rimbombante en los medios de comunicación para generar alarma social y una sala de lo penal con el Juez Dreed y vas a galeras sin pasar por la casilla de salida.
Carlos Martín
